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PDDH: un ente público debe administrar el agua y debe existir el derecho humano al agua

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Raquel Caballero, titular de la PDDH, pidió a los diputados a retomar la ley de agua propuesta por las organizaciones. El recurso hídrico debe ser administrado por un ente público y debe existir un marco normativo que garantice el derecho humano al agua.

Redacción: EP      Foto: PDDH

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, mostró su postura sobre la propuesta de Ley Integral de Agua, la cual fue presentada por parlamentarios de partidos de derecha.

La titular de la institución consideró que la gestión adecuada del agua es una demanda prioritaria que la realidad impone al Estado salvadoreño y que la legislación debe ser enfocada sobre los derechos humanos, la protección de las cuencas, las prioridades en su uso y el establecimiento de una autoridad rectora de carácter público, que evite el uso abusivo o monopólico del agua.

Procu2PrincipalRaquel Caballero, recordó a los legisladores la lucha de diversas organizaciones que han seguido de cerca el tema del recurso hídrico. “Las organizaciones de la sociedad civil han venido desde años atrás y de manera insistente, exigiendo la aprobación de una regulación legal apropiada en esta materia… la primera propuesta de ley  de agua tuvo su origen en la iniciativa de este sector, la cual la PDDH ha venido dando su respaldo”, expresó.

La representante de la PDDH, instó a los parlamentarios a resolver por medio de un marco normativo los conflictos sociales generados por este recurso. “a la hora de configurar el marco regulatorio, no debe dejarse de lado el análisis de los conflictos que actualmente se producen respecto a la gestión del agua, y que de alguna manera se vinculan con la falta de una regulación adecuada” precisó.

La procuradora, pidió a las y los diputados crear un marco normativo que garantice el agua a los salvadoreños. “Señores diputados y señoras diputadas están en la obligación de realizar un análisis objetivo, desprovisto de condicionamientos ideológicos o intereses particulares de las propuestas presentadas, de tal manera que los principios que informan los derechos humanos al agua, al saneamiento y a un nivel de vida digno se vean notoriamente reflejados en ella”, finalizó.

Estas declaraciones se unen a los pronunciamientos de diversas organizaciones sociales y ambientales en cuanto a la nueva propuesta de ley. Las ONG expresaron que Ley Integral de Agua vendría a privatizar el recurso hídrico y afectar 2,327 juntas comunitarias de agua.

 

 

 

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