Twitter Facebook    

    banner web 5

logo1

El TSE y Ministerio de Trabajo firman protocolo para garantizar derechos políticos

TSETrabajo1Principal


El Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social firmaron este lunes 17 de diciembre, un protocolo o plan operativo para materializar la observación y garantizar que las empresas no coaccionen el voto de su personal el 3 de febrero de 2019.

Redacción: El Periodista     Foto: TSE

 

El protocolo fue firmado por el magistrado presidente doctor Julio Olivo Granadino y la ministra de Trabajo Sandra Edibel Guevara Pérez, con la presencia del magistrado Rubén Atilio Meléndez y ejecutivos de ambas instituciones.

El doctor Olivo Granadino destacó la importancia de la relación con el Ministerio de Trabajo en el marco de un convenio firmado previamente que se está ratificando y presentando un protocolo con los compromisos planteados y garantizar que el derecho al sufragio sea libre y sin ningún tipo de coacción por parte de alguna entidad.

El plan especial tiene su base legal en los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo sobre las licencias para cumplir obligaciones de carácter público; así como en relación a no ejercer coacción e inducción del voto por algún partido político. Igualmente existe regulación sobre los permisos para desempeñar las funciones en un organismo temporal y para recibir la capacitación.

Será ejecutado en todo el país, por medio de asesorías, cobertura en los centros de votación para inspeccionar la inducción y estará en funcionamiento el call center con el número 130 para recibir las denuncias, consultas o dar asesorías.

Por su pate, el Ministerio contará con más de 100 inspectores e inspectoras para verificar que no sea violentado el derecho de la ciudadanía. Su vigencia será durante diciembre, enero y febrero, con posibilidad de prórroga si hay una segunda vuelta.

La institución brindó detalles de los resultados de la observación y supervisión realizadas en las elecciones 2014, 2015 y 2018. Hubo 772 inspecciones y asesorías en las 14 oficinas departamentales y se dio atención a más de 38 mil personas trabajadoras, entre ellas mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Hizo pública una lista de empresas que no habían concedido el permiso a su personal para ir a votar y otros casos de coacción e inducción al voto. También se recibió denuncias de personas que fueron presionadas para votar por determinado candidato.