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CapturaPrincipal 5El Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de cárcel a Oscar Josué García Mejía, por el delito de homicidio agravado, tipificado y sancionado en el artículo 128 y 129 numeral tres del Código Penal, en perjuicio de Julio Wilfredo Ramírez López, Byron Josué Aquino y Fátima Carina Martínez.

Redacción: @elperiodista_sv

Foto: Redes

 

El hecho sucedió el 25 de marzo del año recién pasado en un negocio ubicado en la Comunidad María Auxiliadora, del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador.

Según la versión del testigo bajo régimen de protección, el ahora condenado se conducía en un automóvil con dos sujetos más, quienes llegaron a una tortillería del lugar a preguntar si habían tortillas, la dueña le indicó que no tenía en el momento y que si las esperaba, pero estos se retiraron.

Después los sujetos volvieron, estacionándose frente al negocio, sacaron armas de fuego y dispararon contra el grupo de personas que esperaban.

Una de las victimas falleció el mismo día, mientras las otras dos perecieron después en el Hospital.

La Policía Nacional Civil bajo la dirección de la Fiscalía General de la República iniciaron las investigaciones capturando a García Mejía en periodo de flagrancia.

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El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rodolfo González adelantó que los 17 militares, vinculados con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, no podrían ser extraditados hacia España.

 Redacción: Alfredo Melgar     @elperiodista_sv

Fotos: Redes

 

Rodolfo González recordó que existe una sentencia emitida por los integrantes de  la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2012, en la que se resolvió no acceder a la petición del juez Eloy Velasco de extraditar a un grupo de ex militares acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ya que en el momento en que se cometieron los hechos la Constitución no permitía la entrega de salvadoreños para que fueran juzgados en otros países.

“Hay un pronunciamiento de la Corte de mayo de 2012, en el que dijo que no procedía la extradición, así estamos en este momento”, confirmó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo González.

González hizo referencia a la sentencia que emitieron nueve de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de no conceder la extradición de los militares a los que el juez Velasco decretó orden de arresto; en ese momento se argumentó que en noviembre de 1989 cuando se cometieron los hechos, que se les imputan a los militares, no se había reformado el artículo 28 de la Constitución permitiendo dicha acción.

El artículo al que hicieron referencia los nueve magistrados rezaba que “La extradición no podrá estipularse respecto de nacionales en ningún caso, ni respecto de extranjeros por delitos políticos, aunque por consecuencia de estos, resultaren delitos comunes”, antes de que fuera reformado en el año 2000.

No obstante, el magistrado Rodolfo González advirtió que “la policía en teoría podría proceder a la detención porque ya se ha dicho en la jurisprudencia que difusión roja no es sólo para localización y búsqueda sino también podría detener, pero en el caso específico jesuitas si es lo que está conociendo el juez Eloy Velasco hay un pronunciamiento de Corte Plena de mayo de 2012”, en el que se dicta que los militares no pueden ser extraditados.

Esta semana el abogado de uno de los 17 militares retirados que son reclamados por el juez Velasco, Lisandro Quintanilla afirmó que hasta el miércoles por la mañana él no tenía conocimiento de la renovación de una orden de captura en contra de su patrocinado, agregando que la misma no tiene sentido ya que los crímenes que se la atribuyen a su cliente ya fueron juzgados.

“Esto no procede a menos que arbitrariamente cambie de criterio, pero eso sería dañar, sentar el precedente que en este país no existe seguridad jurídica”, argumentó el abogado en referencia a la más reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia emitida en mayo del 2012.

“Estamos hablando de materia juzgada, es un caso que ha sido juzgado en El Salvador en tres ocasiones, en 1989, 1992, el año 2000 y ahora el año 2011-2012”, sostuvo el abogado Quintanilla en defensa de su patrocinado. 

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Con 83 votos a favor y una abstención, Douglas Arquímides Meléndez Ruíz fue elegido como el nuevo Fiscal General de la República, en sus primeras declaraciones el funcionario ofreció hacer cumplir la ley y someter al peso de la misma a cualquiera que la haya violado.

Redacción: Alfredo Melgar    @elperiodista_sv

Fotos: Cortesía 

 

Este 6 de enero 83 diputados de la Asamblea Legislativa concretaron el compromiso alcanzado el martes, cuando se acordó en la comisión política que Douglas Arquímides Meléndez Ruíz sería nombrado nuevo titular del ministerio público; en su primer mensaje el funcionario fue enérgico en señalar que haría cumplir la ley sin preferencias de ningún tipo.

Poco después de las 10:00 de la mañana del miércoles dio inicio la sesión plenaria solemne en la que se votó por el nuevo Fiscal General, en la misma hubo intervenciones de diputados de las diferentes bancadas legislativas que calificaban el proceso de elección como transparente y otros resaltaban la capacidad de las dos fuerzas políticas mayoritarias para llegar a acuerdos.

“Se pudo verificar y constatar y comprobar que el licenciado Meléndez Ruíz no tiene ningún informe desfavorable que pudiera considerarse como falta de cumplimiento a la ley al requisito de moralidad y de competencias notorias o cualquier otra situación que pudiera ser impedimento para el desempeño del cargo”, expresó el jefe de la fracción legislativa de ARENA Alberto Romero.

“Este funcionario se está echando a su hombro este día una carga sumamente importante, delicada para el país, defender los intereses del Estado, llegar al fondo de las investigaciones, el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia común y principalmente en estos momentos difíciles que vive nuestro país, el combate al terrorismo que nos agobia”, indicó el diputado del Partido Demócrata Cristiano Arnoldo Marín, en referencia al reto que asumió Douglas Meléndez.

Mientras que el diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) José Antonio Almendariz resaltó los 16 años de experiencia en diferentes cargos en el ministerio público del nuevo titular de la institución, “tenemos la seguridad que no va a llegar a aprender, todo lo contrario, va a llegar a poner en práctica todos los conocimientos y la experiencia que él adquirió durante su paso por la Fiscalía”, puntualizó el parlamentario pecenista.

La única abstención que se registró durante la votación del pleno fue la del diputado tricolor Johnny Wright Sol, quien afirmó que desconocía cómo se había desarrollado el proceso de elección, “resulta que la mejor manera de llevarse bien en la Asamblea Legislativa es dejarse llevar, lo más fácil es alinearse a la forma tradicional de hacer las cosas, pero hoy nuestro país ya no puede darse el lujo de mantenerse siguiendo los mismos patrones políticos”, argumentó.

Luego de su juramentación en el cargo, el Fiscal General de la República envió un mensaje en el que reiteraba su compromiso por hacer cumplir la ley vigente, señalando que ejercerá su cargo con la Constitución en una mano y la biblia en la otra, haciendo hincapié en que cualquiera que viole la ley será sometido al escrutinio de la misma.

FISCALELECCION“Al pueblo salvadoreño hay que decirle y deseo decirle, que ejerceré mis funciones con carácter, con la Constitución en la mano y la Biblia en la otra… me convertiré en el Fiscal de la gente, en el Fiscal del pueblo”, prometió Douglas Arquimides Meléndez.  

Douglas Arquímides Meléndez Ruíz no evitó responder preguntas sobre su supuesto parentesco con el diputado del FMLN Carlos Ruíz, “puede haber un parentesco con el diputado Ruiz y mi persona, no sé ni en qué grado” reconoció agregando que aplicará la ley “a quien sea, esa es la primicia de cualquier Fiscal General que merece estar en la Fiscalía”.

El recién juramentado titular del ministerio público también desmintió cualquier vínculo con el empresario Enrique Rais, de quien se especulaba que había sido representante legal; “no he sido apoderado de nadie, mi carrera ha sido en la Fiscalía General de la República del año 1990 al 2006, luego me retiré”, para ocupar una jefatura en aduanas y su más reciente cargo fue el de gerente legal en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), explicó.

En torno al curso de otros casos que han llamado atención de la clase política como la construcción de la presa El Chaparral, Douglas Meléndez adelantó que “lo que sé es lo que yo he visto en los periódicos, necesito revisar y necesito analizar cómo está ese caso”; al mismo tiempo que precisó que realizaría una evaluación de la institución que desde hoy dirige para optimizar los recursos humanos y materiales para cumplir su misión.     

Por la tarde, el Fiscal General en uno de sus primeros actos oficiales juramentó a Aquiles Parada como su Fiscal General Adjunto.

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JesuitasPrincipalEl abogado de uno de los 17 militares reclamados por el juez español Eloy Velasco afirmó que el caso ya fue juzgado en tres ocasiones, en las cuales los imputados resultaron sin cargos por lo que no procede la orden de captura emitida por el juzgador.

Redacción: Alfredo Melgar  @elperiodista_sv

Fotos: Redes

 

Luego de que el martes se conoció que el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco emitió una nueva orden de captura contra 17 militares en situación de retiro, a quienes se les acusa de estar implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, Lisandro Quintanilla abogado de uno de los imputados afirmó que el juzgador no tiene competencia para solicitar la extradición de su representado.

“Esto no procede a menos que arbitrariamente cambie de criterio, pero eso sería dañar, sentar el precedente que en este país no existe seguridad jurídica”, argumentó el abogado en referencia a la más reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia emitida en año 2012 en la que se decretó que la difusión roja de INTERPOL contra los acusados no implicaba una orden de arresto.

“El artículo 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del poder judicial de España establece que la Audiencia Nacional tiene límites ¿Cuáles son los límites? El ordenamiento jurídico de cada país”, prosiguió Lisandro Quintanilla ilustrando que la jurisdicción del juez Velasco no le confiere la facultad de procesar ciudadanos salvadoreños.

El defensor argumenta el que caso ya es cosa juzgada y que con base en la legislación nacional vigente, su cliente no puede ser procesado otra vez, “en el 2011 sucedió exactamente lo mismo y en febrero del año 2012 ya la Corte, independientemente de la detención, independientemente de toda esa discusión si son o no detenidos, la Corte resolvió en el año 2012 en febrero de que los militares no son extraditables hacia España”, justificó.

Mientras que a criterio del ex ministro de la Defensa general Humberto Corado, el presidente de la república Salvador Sánchez Cerén está en la obligación de dar todo el apoyo a los militares que son reclamados por el juez Eloy Velasco.

“Debe estar al tanto de lo que está sucediendo y dando su respaldo, yo no sé si el alto mando actual analiza estos temas con él, de actualidad, me imagino que sí, yo lo hacía en mi momento, por lo tanto yo considero que hay que comenzar por él verdad, por el comandante general de la Fuerza Armada”, sostuvo el general Humberto Corado.

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El juez de la Audiencia Nacional español Eloy Velasco reiteró este martes la orden de detención de diecisiete militares salvadoreños para poder pedir su extradición a España en relación con el asesinato de seis jesuitas, en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Redacción: Agencias

El juez Velasco dio el traslado a Interpol de las diecisiete órdenes de detención y mandó copia al jefe de la Oficina Central de Interpol en El Salvador y a la Policía Nacional Civil  de nuestro país para que procedan a las detenciones, en cuyo caso España solicitaría la extradición.

Velasco pidió en agosto de 2011 la detención de veinte militares presuntamente implicados en la matanza, pero entonces la Corte Suprema de Justicia salvadoreña limitó el alcance de las mismas a la búsqueda y localización, negando la captura y posterior entrega a España.

Sin embargo, en agosto de 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".

Velasco tuvo conocimiento a través de un informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de esa resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la que "se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de una guerra internacional".

La matanza tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes: los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López.

También fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

El pasado 6 de mayo, el Tribunal Supremo reconocía la jurisdicción de los tribunales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, para investigar la matanza, tras la reforma de la ley de justicia universal.

Entre los militares a los que el juez pidió detener por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad destaca el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, cuya extradición fue solicitada por España a EEUU, donde cumplía una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio.

El resto son: el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Ávalos, Ángel Pérez Vasquez, Tomás Zarpate Castillo, José alberto sierra, Guillermo Alfredio Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Oscar Alberto León Linares.

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