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dicom1Los magistrados de la Sala de lo Constitucional prohibieron utilizar, con fines comerciales, la información de las personas que estén en sus bases de datos.

 Redacción: Alfredo Melgar - @elproyec

La sentencia de la Sala de lo Constitucional responde al amparo presentado por la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (INDATA); dicha asociación argumentó que Equifax Centroamérica, Sociedad Anónima de Capital Variable (Equifax Centroamérica, S.A. de C.V.), conocida también como DICOM, había vulnerado  el derecho a la autodeterminación informativa.

Dicho bien jurídico, hace referencia a la potestad que tiene cualquier persona para ejercer control de la información personal que le concierne, contenida en bancos de datos, como el de la empresa Equifax, también conocida como DICOM. 

En su amparo, INDATA sostuvo que Equifax hacía uso de la información personal contenida en sus bases de datos, sin previa autorización de los titulares de la misma. En el proceso la Sala mandó a escuchar a las partes, y otras instituciones con competencias de dichas áreas como la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia del Sistema Financiero.

El martes los jueces constitucionales resolvieron que “la sociedad Equifax Centroamérica,  S.A. de C.V., ha posibilitado el conocimiento de datos personales a agentes económicos que no contaban con el consentimiento de sus titulares para consultarlos, pues no ha implementado las medidas técnicas pertinentes para abstenerse de facilitar información personal a los agentes económicos que no tuvieran la venia de sus titulares para tales efectos”.

dicom2Y agrega que “con ello, dicha sociedad ha afectado el derecho a la autodeterminación informativa de un número indefinido de personas que no han podido controlar la circulación y transmisión de sus datos personales”.

Sobre la prueba de descargo presentada por la empresa demandada, la Sala de lo Constitucional considera que “no obstante la sociedad demandada ha presentado copias de contratos que ella ha suscrito con algunos agentes económicos a efecto de acreditar la procedencia de la información que maneja, tales medios probatorios no desvirtúan que aquella, por un lado, no se cerciora si los datos personales que recopila y almacena tienen el consentimiento expreso de sus titulares y, por otro, no ha implementado los mecanismos técnicos necesarios para evitar la transmisión de datos personales a agentes económicos que no cuentan con la anuencia de sus titulares para consultarlos”. 

El referido tribunal constitucional indica que “se tiene por establecido que la sociedad Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., no ha implementado las medidas técnicas para evitar la recopilación, transmisión y circulación de datos personales sin consentimiento del titular. Asimismo, no ha facilitado el acceso a la información que procesa a las personas que se encuentran ubicadas en las zonas occidental y oriental del país y, además, no ha adecuado su actividad a las exigencias previstas en la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas”.

Con base en el anterior razonamiento, advierte que “no cuenta hasta el momento con la debida autorización para funcionar como agencia de información. Por ello, se debe estimar la pretensión planteada por INDATA y declarar ha lugar el amparo solicitado”. 

Y resuelve: “declarase que ha lugar el amparo solicitado por la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet, por medio de su representante, el señor Boris Rubén Solórzano, actuando aquella en virtud de un interés difuso, contra la sociedad Equifax Centroamérica, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de los datos cuyo uso y tratamiento realiza dicha sociedad sin cumplir con ciertas obligaciones legales”.

La Sala de lo Constitucional ordena a la empresa Equifax Centroamérica, S. A. DE c. v. que abstenga de utilizar “y transferir, a cualquier título y destino, la información de las personas que conste en su  base de datos, a menos que en cada caso individual cuente con el consentimiento expreso de sus titulares. La Superintendencia del Sistema Financiero deberá supervisar, de conformidad con sus facultades legales, el cumplimiento de esta sentencia”.

 

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abogadoswcasofloresLos representantes de las organizaciones sociales que se han mostrado parte en el juicio contra el expresidente Francisco Flores, acusado de enriquecimiento ilícito y peculado, solicitaron la tarde del lunes al juez Primero de Instrucción ampliar 6 meses más el plazo de la instrucción del proceso.

 Redacción: Alfredo Melgar - @elproyec

Fotos: Fernando Ardón

Ramón Villalta director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), argumentó que basan su petición al juez Levis Italmir Orellana en que la audiencia preliminar está programada para que se desarrolle el próximo mes, y por tanto no habría suficiente espacio de tiempo para desarrollar algunas diligencias para robustecer la prueba en contra del expresidente Francisco Flores.

“Creemos además que hay otros hechos que en torno al caso al caso están sucediendo, como lo que la Fiscalía General de la Republica está llevando adelante en materia de investigación, y además hay otras peticiones que se han presentado por parte de organizaciones de la sociedad civil ante la Fiscalía, de manera de ver si se puede ampliar la tipificación del delito a lavado de dinero”, especificó Ramón Villalta.

abogadosentribunales-29Bertha De León - Representante de organizaciones sociales en juicio contra Francisco FloresPor su parte, la abogada Bertha De León, que representa a las organizaciones sociales en el juicio contra el exmandatario, precisó que entre las diligencia que todavía resta por desarrollar se encuentran la solicitud de copias de los cheques entregados por el presidente de China Taiwán Chen Shui Bian a su homólogo salvadoreño.

“Nosotros estamos solicitando por ejemplo que requieran los cheque originales, los cuatro cheques mediante los cuales Taiwán hizo los donativos y que no se encuentran agregados al proceso, ni siquiera en copia, y que creemos que es fundamental (para el proceso)”, señala la abogada De León.

Las copias de los cheques se cree que se encuentran en el International Bank Of China en Los Estados Unidos, y adicionalmente se pide que la Fiscalía General de la República presente el reporte de operaciones sospechosas, girado por el Departamento del Tesoro de la referida nación, el cual el ministerio público no ha incluido en el expediente.

La querellante añade que “en este escrito que estamos presentando ahora solamente hemos propuesto que se entrevisten personas de Costa Rica, más testigos del país ya no, por el momento”. 

Las personas a las que se pide que se entrevisten en Costa Rica, son empleados de los bancos en los que se realizaron las transacciones financieras que levantaron las sospechas del Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos, explica De León. 

abogadosentribunales-32La abogada que representa a las organizaciones sociales en el juicio advirtió que es importante que el International Bank Of China entregue las copias de los cheques entregados a Francisco Flores pues, “es una prueba fundamental, en el anverso de estos cheques tiene un endoso, y hay que determinar a quién pertenece ese endoso”.

El juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana cuenta con un lapso de 3 días hábiles para responder la solitud de los querellantes; en caso de que la respuesta sea negativa, se puede recurrir a la cámara de lo penal, señaló Berta De León.

La Fiscalía General de la República tiene programado entrevistar este martes a los representantes las organizaciones sociales que se han mostrado como parte en el proceso contra Francisco Flores, también está previsto que llegue el expresidente Mauricio Funes, quien fue el que hizo público el reporte de operaciones sospechosas del Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos.              

 

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esposossaraviaDebido a un quebranto de salud de Carmelina Bonilla de Saravia, esposa de Domingo Saravia, el Tribunal tercero de Sentencia reprogramó la vista pública contra los esposos acusados de lavado de dinero y activos para el próximo 12 de noviembre.

 Redacción: Alfredo Melgar - @elproyec

Fotos: Centro Integrado de Justicia Penal Isidro Menéndez

La pareja de empresarios migueleños debía enfrentar la vista pública del juicio en su contra por lavado de dinero el pasado jueves 16 de octubre; no obstante, la defensa acreditó que Carmelina Bonilla de Saravia había sufrido una desmejora en su salud, por lo que la diligencia se reprogramó para el mes de noviembre.

Según la acusación fiscal, los esposos Domingo Saravia y Carmelina de Saravia, no pudieron comprobar la procedencia lícita de al menos $14 millones; según la tesis del ministerio público, los empresarios migueleños transfirieron $23 millones a varias cuentas bancarias.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República iniciaron en el año 2007, luego de que la Superintendencia del Sistema Financiero envió una notificación de operaciones sospechosas, en la que se advertía que los ingresos de Saravia eran pequeños en comparación con las transferencias que realizaban.

En el 2009 lo esposos Saravia habían enfrentado un juicio que terminó con el fallo absolutorio dictado por el Tribunal Sexto de Sentencia; inconformes con la decisión de dicho tribunal, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República presentó una apelación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal en materia penal resolvió que se repitiera el juicio, por lo que la pareja de empresarios migueleños nuevamente enfrentarán la diligencia. A los esposos Saravia se les vinculó con la banda de narcotraficantes denominada como “Los Perrones”, aunque no fueron acusados de delitos relacionados al tráfico de drogas.

El dinero, cuyo origen es cuestionado por el ministerio público, habría sido invertido en varios negocios, entre ellos una gasolinera y el restaurante La Herradura.  

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casospolicias

Según las autoridades policiales, no se pueden generalizar que los ataques vayan dirigidos exclusivamente al cuerpo policial, que se encarga de brindar seguridad a la población, pero no descartan que éste pueda ser un factor a tomar en cuenta.

Redacción: Margarita Bolaños - @elperiodista_sv - Foto: Fernando Ardón

En lo que va del año, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) se registran 32 agentes de la corporación asesinados, muchos de ellos han sido por ataques directos, mientras otros han sucedido durante el cumplimiento de sus actividades policiales.

Ante esta alarmante cifra de miembros de la institución que han perdido la vida a manos de delincuentes, el subdirector de la PNC, comisionado Howard Cotto considera que muchos de ellos estarían motivados por el trabajo que la corporación realiza en el terreno al frenar acciones delictivas.

“Yo no dudo que estas estructuras criminales, algunos o muchos de los atentados que han realizado contra nuestra gente obedezcan al trabajo que estamos realizando y al hecho de considerar que en alguna medida las acciones puedan estar estorbando sus planes delictivos” aseguró el funcionario, mientras explicaba que ya se encuentran trabajando en medidas de autoprotección.

Pero recalcó que este argumento no puede generalizarse debido a que aún se encuentran analizando de manera individual los casos; el último asesinato de un agente policial se registró el pasado fin de semana cuando Élmer Iván Beltrán Zavala, de 27 años de edad fue atacado a balazos en una cancha de fútbol del cantón San Agustín, en el municipio de San Pedro Perulapán, Cuscatlán, mientras se encontraba fuera de servicio.

En cuanto a los responsables del hecho, la delegación de Cuscatlán informó el domingo sobre la captura de cuatro individuos vinculados a grupos pandilleriles. Según Howard Cotto, en el 2104 se han realizado de 35-40 capturas por ataques a policías, incluidos los atentados contra la vida; algunos de ellos estarían siendo ordenando desde el interior de los centros penales, informó el subdirector de la PNC.

Durante el fin de semana, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén en el programa presidencial “Gobernando con la gente”, externó sus condolencias a los familiares de los agentes, mientras se comprometió a que los responsables de los hechos no se quedarían sin castigo.

De igual manera el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas emitió su valoración de la situación de violencia que vive el país, en la que expuso que “los miembros de las pandillas superan en número a la policía”.

En respuesta a esta declaración, Howard Cotto explicó que “el factor numérico incide en el delito, pero no es lo único que incide” ya que a consideración del comisionado este tema no solamente corresponde al cuerpo policial y debe ser abordado desde diferentes ópticas.

De igual manera explicó que el número de asesinatos contra el cuerpo policial el año anterior fue menor al registrado actualmente.

 

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jesusgrandeCon la declaración de los diputados Guillermo Gallegos y Jesús Grande, finalizaron el miércoles las entrevistas a los miembros de la comisión especial que investiga el destino del dinero donado por China Taiwán.

 Redacción: Alfredo Melgar - @elproyec

Fotos: Giovanni Lemus

El primero en llegar al último día de entrevistas en la Fiscalía General de la Republica fue el diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) Guillermo Gallegos, quien previo a la rendición de su declaración, había adelantado que ratificaría ante el representante del ministerio público la confesión que hizo el expresidente Francisco Flores en la comisión especial que indaga el destino de los $10 millones donados por China Taiwán.

“Se auto incriminó por ciertos delitos, entre los que yo puedo resaltar es lavado de dinero, el principal; peculado, enriquecimiento ilícito, desobediencia particular, asociaciones y negociaciones ilícitas, actos arbitrarios; en fin son como unos 6 o 7 delitos” enumeró el diputado Guillermo Gallegos.

Aunque la Fiscalía General de la República aún no acumula al proceso que sigue en contra del expresidente Francisco Flores el delito de lavado de dinero, Guillermo Gallegos insistió en que existen los indicios necesarios para imputarle al ex mandatario el referido ilícito.

Gallegos“El ejemplo que se pone siempre para un delito de lavado de dinero es el hacer transacciones económicas entre dos asociaciones u organizaciones, y aquí se hicieron del Instituto de Formación Política al partido ARENA, ese es un típico lavado de dinero aquí y en cualquier parte del mundo” subrayó el diputado Gallegos.

Como en todas las entrevistas anteriores, los abogados defensores del ex jefe de estado y los representantes de las organizaciones sociales que forman parte de la querella también estuvieron presentes en el interrogatorio, al que fueron sometidos los miembros de la referida comisión especial.

El querellante René Landaverde, abogado de la Iniciativa Social para la Democracia, adelantó que están considerando solicitar al juez Primero de Instrucción que se acumule el delito de lavado de dinero a los ilícitos que ya se le imputan al ex presidente Francisco Flores. También se propondrá la juramentación de peritos para determinar la ruta que siguió el dinero donado por China Taiwán.

Con la comparecencia de los legisladores ante la Fiscalía General de la Republica, se desvirtúa el señalamiento del juez Primero de Instrucción, que había descalificado los resultados de la investigación realizada por la comisión especial, argumentado que los mismos no son vinculantes, afirmó el diputado Gallegos. “Esto permite que nuestra declaración se vuelva vinculante en calidad de testigo”, subrayó.

En referencia al segundo informe de la comisión especial, el legislador de GANA anticipó que en noviembre se podría conocer el resultado del mismo, agregando que se recomendará ampliar la investigación a los responsables de las instituciones que recibieron cheques de donaciones hechas por China Taiwán.

El legislador naranja también expresó que están estudiando el mecanismo a utilizar para que sus conclusiones como comisión especial no tengan sólo el carácter de recomendación, podrían recurrir a una denuncia pública del delito de lavado de dinero que habría cometido el ex presidente Flores, comentó Guillermo Gallegos.

 

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