Pauta para Banner Superior
Twitter Facebook    

logo1

ULTIMAS NOTICIAS
  • Loading

LUisPrincipalRecién inicia 2016 y es inevitable preguntarse por las perspectivas que se abren para el país de aquí en adelante. Para ello es preciso partir de lo más relevante sucedido en 2015, pues es previsible que las dinámicas que se generaron en el año que acaba de finalizar se mantengan e incluso profundicen en el 2016.

Por: Mtr. Luis Armando González

Analista Político

Foto tomada de la sección Ida y Vuelta

De entrada, hay que hacerse cargo del repunte de la economía. Es leve, ciertamente, pero si el mismo continúa y se consolida es posible que terminemos 2016 con logros económicos firmes y significativos. Se trata, obviamente, de una posibilidad, no de algo seguro, ya que cambios en el entorno mundial repercutirán para bien o para mal en el desempeño económico nacional.

Lo anterior permite hacer una reflexión sobre el significado del crecimiento económico, a propósito del cual se suscitó un debate interesante al cierre del año pasado y que ahora es conveniente retomar. Un eje de ese debate giró en torno al porcentaje del crecimiento del PIB, es decir, acerca de si la cifra de crecimiento ofrecida por el gobierno era o no la real. Desde la derecha y sus portavoces “académicos” se escucharon cuestionamientos al optimismo gubernamental, insistiendo en que en el crecimiento no era el óptimo.

Es oportuno decirles a la derecha y sus voceros que el debate sobre el crecimiento del PIB es algo secundario respecto del debate sobre la distribución de la riqueza, la equidad y el bienestar social. O sea, el crecimiento del PIB  en sí mismo es poco relevante, siendo lo verdaderamente relevante lo que se hace con ese crecimiento en beneficio de la sociedad –si es positivo— o cómo se reparten sus costos, cuando ese crecimiento no se produce o cuando se entra en una situación de crisis.

Hasta ahora, quienes desde la derecha insisten en el crecimiento piensan en términos de los grupos de poder que históricamente se han beneficiado del mismo; y, cuando hay estancamiento o crisis, su preocupación es la salvaguarda de los intereses de esos grupos de poder, no los intereses de los grupos sociales mayoritarios.

De ahí que la discusión sobre cuánto creció o dejó de crecer el PIB sea una discusión carente de sentido, si se la reduce a algo meramente económico. Entrar en el juego de las cifras y los tecnicismos permite a la derecha y sus “académicos” moverse en un terreno que, por ser ajeno a los intereses de la mayor parte de la población, es el más favorable para desviar la atención de lo que en realidad es lo más importante: cómo afecta el crecimiento (o la falta de crecimiento) a la sociedad.

Es desde ese punto de vista que debe juzgarse el desempeño de un gobierno. No hay, pues, que jugar el juego de la derecha con su obsesión por las cifras, sobre todo porque hay condicionamientos estructurales que ponen límites no sólo al crecimiento del PIB, sino de otros indicadores macroeconómicos. Los “académicos” de la derecha lo saben y por ello llevan el debate hacia ese terreno donde se saben seguros de ganar la batalla por las ideas.

Otro de los temas que los “académicos” de la derecha sacaron a relucir fue que los avances económicos destacados por el gobierno obedecían a factores externos; con ello pretendían opacar los esfuerzos del Ejecutivo por apuntalar la economía salvadoreña en 2015.

Resulta curioso que “expertos” en asuntos económicos no parezcan darse cuenta de lo inevitable que es, para economías como la nuestra, verse condicionada por la dinámica económica internacional. No se trata de algo nuevo, si  se recuerdan las tesis de la economía “trunca y dependiente” en las que se educaron, por cierto, buena parte de esos académicos derechistas.

Claro está que en un mundo globalizado esos condicionamientos son mayores. De donde se sigue que argumentar que la economía salvadoreña mejoró por las dinámicas positivas internacionales no constituye ningún reparo serio a los esfuerzos del gobierno. De hecho, lo que se tiene que evaluar es si esos esfuerzos son los que han permitido capitalizar la dinámica internacional positiva. E incluso, lo que es más importante, se debe evaluar si esa capitalización está orientada hacia políticas públicas que favorecen al conjunto de la sociedad, especialmente a los sectores sociales más vulnerables.

Por supuesto que un enfoque como el propuesto brilló por su ausencia en los análisis económicos predominantes con los que cerró el año 2015. Se entiende que haya sido así, dada intención de oscurecer los esfuerzos gubernamentales por apuntalar la economía del país y por priorizar el bienestar de la sociedad por encima de los intereses y el bienestar de los grupos de poder económico.

Como quiera que sea, es importante que la economía nacional despegue, y es importante que lo haga sobre unas bases que le permitan sacar provecho de las dinámicas positivas internacionales, pero también encarar de una mejor manera las situaciones internacionales de recesión o de crisis.

Esas bases nunca antes se cimentaron de manera firme (de ahí lo de “trunco y dependiente”) y el esquema (neo) liberalizador calcado de Chile y de EEUU, en los años noventa, desarticuló lo poco que se había hecho en la historia del país para poder maniobrar, con relativa solvencia, en un entorno económico globalizado.

Los que dicen que saben de economía deberían estar claros de lo que se acaba de apuntar. También deberían estar claros de que rearticular el aparato económico nacional es una tarea de una envergadura tal que quizás consuma varias décadas de esfuerzo sostenido.

Como en otras naciones que han pasado por trances semejantes, sin un rol decisivo del Estado ello será imposible. No un Estado “ciervo” de los intereses de grupos de poder particulares, sino un Estado en función de los intereses de la sociedad. Abundan los ejemplos de países que, gracias al empuje de sus Estados, lograron salir de impasses no sólo económicos, sino sociales, culturales y políticos.

Un Estado erosionado, que fue lo que dejaron quienes administraron la (neo) liberalización económica entre 1989 y 2009, sirve de poco para la rearticulación de la economía nacional y para la integración social y cultural. Ambas son caras de la misma moneda. La economía y la sociedad deben darse la mano.

Cualquier apuesta que divorcie la economía de la sociedad –preocupándose por el crecimiento, pero dejando de lado la justicia, la equidad y el bienestar de la sociedad— es una mala apuesta histórica. Lo es porque nos condenará, casi para siempre, al callejón sin salida del deterioro de la convivencia social, el desarraigo, la anomía y, en definitiva, a la violencia sorda de todos los días que es el mejor caldo de cultivo de la violencia criminal.

En 1992 se comenzó una transición de la guerra a la paz que auguraba un mañana mejor para la sociedad salvadoreña. En algún momento, el camino se torció y se incubaron dinámicas violentas que no condujeron a la sociedad soñada después del fin de la guerra civil.

De alguna manera, en 2009 se abrió una ruta para retomar la senda de 1992 plasmada en los Acuerdos de Paz. En 2014 esa ruta se hizo clara, pero precisamente junto con esa claridad se hicieron evidentes las complicaciones que suponía asumir una trayectoria histórica que se vio truncada inmediatamente después de haberse firmado la paz.

Han pasado más de dos décadas desde que finalizó la guerra civil. Este 16 de enero, precisamente, se celebra el XXIV Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que fueron el marco propicio para no sólo para la transición a la democracia, sino para la consolidación democrática, toda vez que su cumplimiento fuera irrestricto e integral. Lamentablemente, no fue así. La reforma política e institucional, a la cual se le pusieron las mayores energías, no se complementó con la reforma económica y el diseño de políticas públicas orientadas a la integración y la inclusión de la sociedad.

Cuando se analizan con seriedad y honestidad los problemas sociales que el país incubó a lo largo de los años noventa –una década de preocupante violencia social—  es inevitable no darse cuenta de que una de las causas de ello quizás radique en la traición a la integralidad de los Acuerdos de Paz y, en concreto, al irrespeto de la exigencia de justicia socio-económica que presente en esos históricos documentos.

Los diferentes gobiernos de la derecha que administraron la transición o bien dieron abiertamente la espalda a los intereses y necesidades de la sociedad –poniendo en la mira de su quehacer los intereses de los ricos más ricos de El Salvador, como los denominó María Dolores Albiac— o bien le prestaron una atención insuficiente en marco de un populismo punitivo con fines electorales.

El Salvador iba camino al despeñadero cuando la derecha fue relevada del Ejecutivo en 2009. Quienes tienen memoria corta seguramente no lo recuerden e, incluso, de forma francamente perversa quizás argumenten que los problemas del país comenzaron en 2009. Nada más falso que eso. El deterioro social, cultural, ambiental e institucional era extremo al cierre de 1999 y el desastre de esa década marcó las dinámicas de la siguiente, y sigue dando coletazos en el presente.

Definitivamente, el país no podía seguir por ese rumbo de deterioro en su convivencia social, cultural e institucional. En 2009 se abrió la posibilidad de cambiar ese rumbo; se abrió la posibilidad de hacerlo a partir de una apuesta por la sociedad, especialmente por los grupos sociales más vulnerables.

El nuevo cambio de marcha supuso hacer de lo social la principal prioridad del Estado. Se comenzó a caminar, así, en la senda trazada por los Acuerdos de Paz, lamentablemente truncada casi inmediatamente después de su firma. Claro que a esas alturas muchos de los problemas nacionales eran de naturaleza distinta a los que desencadenaron la guerra.

Sin embargo, la matriz de exclusión de las mayorías y de concentración de privilegios y riqueza en una minoría seguía vigente. Eso hace urgente volver al espíritu de los Acuerdos de Paz, recuperar las ansias de justicia y de solidaridad que los animaron.

Desde 2009 en adelante, no sin tropiezos y oposiciones interesadas, se comenzó a dar a la sociedad salvadoreña el lugar debido en el quehacer del Estado. De manera más firme, ese empeño se ha continuado a partir de 2014, tal como lo confirma el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.

Es una lástima que a partir de 1992 no se elaborara una visión estratégica como la que se tiene en el presente. Es razonable pensar que, en ese caso, la trayectoria social, económica y cultural del país no hubiera sido la que se tuvo en la década de los noventa y en casi toda la década siguiente. Se perdió una oportunidad de oro, ciertamente: se perdió la oportunidad de fundar un nuevo país –inspirado en el proyecto de nación de los Acuerdos de Paz— cuando las energías colectivas eran favorables para la audacia y cuando se gozaba de la legitimidad suficiente para ensayar un recorrido histórico novedoso.

Por falta de visión y compromiso, El Salvador fue llevado hacia los cauces tradicionales de desprecio hacia los débiles y de endiosamiento de la riqueza. Se impuso de nuevo el esquema en la mentalidad de los ricos de que el país es una gran hacienda de su propiedad, pudiendo disponer a su conveniencia de todo lo que ahí se encuentra.

Sacar al país de esos cauces tradicionales no está resultando fácil. Y no sólo por la ferocidad con la que las élites de derecha defienden sus privilegios. También los problemas nacionales son más complejos ahora que hace dos décadas. Bien vistas las cosas, esos problemas irresueltos nos están pasando la factura en estos momentos. No se quiere decir que no se los pueda enfrentar o solucionar; sólo se dice que eso es ahora mucho más difícil que en el pasado. Y si no se los resuelve ahora, serán mucho menos manejables en el futuro.

La audacia, la determinación y la visión de país se imponen como una necesidad imperiosa de sobrevivencia colectiva. Los Acuerdos de Paz, su fragua previa y su firma definitiva, constituyen un marco privilegiado de enseñanzas concertadoras que del cual hay que nutrirse. Su vigencia no sólo es de contenidos –apuntalar una reforma socio-económica de envergadura que sea coherente con los avances en la institucionalidad democrática— sino de espíritu: ansias de justicia, de solidaridad, de armonía y de paz social. Son esas ansias las que deben cobrar vida de manera firme en este 2016.

San Salvador, 8 de enero de 2016