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judicial PrincipalLa Unidad Fiscal de Delitos de Crimen Organizado, dio a conocer las distintas penas de prisión que un tribunal de esta jurisdicción, impuso en contra de integrantes de la Pandilla 18, a quienes declaró culpables por extorsionar a un empresario en la zona comercial del Puerto de La Libertad. No solo pagarán con cárcel, también devolverán lo exigido a su víctima.

 

Redacción: EP       Foto: Redes  

 

 

Correspondió al Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, desarrollar el juicio en contra de cuatro sujetos, quienes se venían dedicando a consumar los hechos ilícitos en la zona comercial antes mencionada, por lo cual se les atribuyó el delito de Extorsión.

La representación Fiscal, presentó abundantes elementos de prueba durante la audiencia, mediante la cual demostró las acciones que los implicados realizaban al momento de consumar el ilícito.

Quedó demostrado que el empresario sufrió desde el año 2015, cuando los delincuentes bajo diversas modalidades de comunicación llegaron hasta su establecimiento y comenzaron a exigir la cantidad de $300 semanales. A los pocos meses la exigencia subió a $1,000 pero últimamente pedían hasta $3,000, situación que hizo insostenible su negocio y por lo cual se decidió a denunciarlos.

Fue así como los investigadores lograron identificar a los causantes de ese delito y bajo la modalidad de la entrega controlada se individualizó a cada uno, por lo que la Fiscalía emitió posteriormente las correspondientes órdenes de captura.

La sentencia emitida por el juzgador quedó establecida así: Rudy Alexander Gamez Sandoval, cumplirá 12 años de cárcel, a la vez, le impuso el pago obligatorio a favor del empresario afectado la cantidad de $3,500;  Hugo Enrique Reyes Ortez, 10 años y el pago de $1,500; Zuleima Lissette Chacón Calderón, 10 años y $1,000, finalmente Aníbal Dionisio Sánchez Cruz, 10 años y $20.

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Organizaciones civiles indican que el Fiscal General de la República, está actuando bajo intereses de los Estados Unidos. Las ong´s consideran que Douglas Meléndez no tiene imparcialidad en los casos que se investigan.

Redacción y foto: Marvin Díaz

Organizaciones, redes y movimientos sociales, brindaron su postura ante el actuar del Fiscal General de la República, Douglas Meléndez; asimismo criticaron una posible influencia del gobierno de los Estados Unidos en las decisiones del titular de la institución.

Las oenegés se pronunciaron ante la petición del Ministerio Público de capturar a exguerrilleros por el derribamiento de un helicóptero militar artillado, donde murió un estadounidense, en el cantón San Francisco, en el municipio de Lolotique, San Miguel.

Las organizaciones indicaron que Douglas Meléndez responde a intereses del país norteamericano. “¿Quién define la agenda del fiscal? Quizás él hace lo que la embajada de los Estados Unidos le dicta”, indicó Margarita Posada, miembro de ASGOJU.

fiscalinterioreslAgregó que desde que él (Douglas Meléndez) entró, "la embajadora le ha dado todo el apoyo financiero, y reza un dicho: por sus frutos los conoceréis. Hemos visto que a la embajadora, Jane Manes, le duele el estómago y el fiscal llora”. Queremos que el fiscal trabaje en función de los intereses del pueblo”.

Mirna Perla, presidenta de ASMEMORIA, expresó... “estamos exigiendo como pueblo soberano el respeto por parte de la embajadora de los EE.UU. porque está cometiendo una grave intromisión, saliéndose de su protocolo de actuación. No puede estar interviniendo en la política nacional  y menos estarle dictando al fiscal lo que tiene que hacer”.

Los movimientos sociales cuestionan por qué el titular del FGR no investiga casos como: los destinatarios de las donaciones de China Taiwán, caso FECEPE, 150 casos presentados por la Secretaria de Transparencia y los funcionarios que recibieron sobresueldos entre otros.

“El fiscal Meléndez prefiere procesar delitos cometidos por la exguerrilla y deja de lado las masacres como el Mozote, el Sumpul, el magnicidio de Monseñor Romero y el asesinato de los padres Jesuitas de la UCA”, precisó Posada.

Las organizaciones exigieron al fiscal de la FGR actuar con parcialidad y no tener  sesgos políticos para la investigación de casos. Además pidieron que Douglas Meléndez debe perseguir con interés, decisión y contundencia los delitos de corrupción. 

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La Asociación Azucarera de El Salvado y la Policía Nacional Civil (PNC) clausuraron el taller de evaluación y planificación de programas de seguridad para el sector azucarero. Más de 260 elementos, de las bases Rurales y de Seguridad Pública, fueron desplegados como parte del programa de Seguridad. Este rubro genera más de 47,968 empleos directos, 187,251 empleos indirectos y beneficia a 224,701 personas dependientes e inyecta unos 186.5 millones de dólares como aportes económicos, al país.

Redacción: EP         Fotos: Redes Sociales

Según la institución policial, el Plan de Seguridad permite que la producción de la caña y su traslado hasta los ingenios se desarrollen con tranquilidad. La PNC ejecuta acciones operativas, de prevención y de investigación, durante el desarrollo del Plan Zafra, en coordinación con la asociación Azucarera de El Salvador, esto con el propósito de mejorar y mantener la seguridad de los productores, transportistas, comerciantes y la comunidad que forma parte de esta agroindustria. PNCprograma1Principal

Cada año, la policía junto al sector azucarero y productores, se reúnen para recopilar información de los planes y acciones que se ejecutaron durante la zafra, de noviembre de 2016 a abril de 2017, y hacer una evaluación estos, y de esa forma optimizar los esfuerzos que se hacen en materia de seguridad.

Cabe destacar que el cultivo de caña y la producción de azúcar representan el 2.28% del producto interno bruto del país (PIB) y la participación del cultivo de caña de azúcar representa casi el 20% del producto interno bruto agrícola (PIBA).

Este rubro genera más de 47,968 empleos directos, 187,251 empleos indirectos y beneficia a 224,701 personas dependientes e inyecta unos 186.5 millones de dólares como aportes económicos, al país.

Patrullajes en las zonas de producción

A través del convenio los empresarios azucareros han dotado a los policías de sistemas de radio comunicación, motocicletas y combustible, lo que se traduce en el incremento de patrullajes y mayor presencia policial en las zonas productivas de caña. 

Más de 260 elementos, de las bases Rurales y de Seguridad Pública, fueron desplegados como parte del programa de Seguridad o en los Puestos Temporales, para dar cobertura a los ingenios: El Ángel, La Cabaña, Jiboa, Chaparrastique, Central de Izalco y La Magdalena, con el fin de garantizar acciones y medidas para evitar algún daño en la producción y traslado de la caña.

PncZafraPrincipalDurante la ejecución del plan hubo 217 detenidos, principalmente por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; se reportaron 28 intercambios de disparos, fueron incautadas 29 armas de fuego cortas, 25 largas y 17 de fabricación casera. Y con el apoyo de otras unidades se realizaron 1,638 patrullajes y diferentes controles vehiculares en las carreteras donde transitaban los cabezales.

El personal de la PNC asignado, al plan de seguridad del sector Azucarero, brinda seguridad en los sectores por donde se trasladan los camiones con el producto, en el pago de la planilla a los trabajadores, además en la toma denuncias de algún hecho delictivo, principalmente por la quema de la caña no programada.

Para los miembros del sector azucarero y de producción, el trabajo que realiza la Policía, es importante para la seguridad adecuada contra la delincuencia; en la protección al transporte del producto y materia prima y en la quema indiscriminada de la caña.

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La Fiscalía General de la República (FGR), demando este día al ex fiscal, Luis Martínez y a dos miembros de sus familia por enriquecimiento ilícito. Martínez no pudo justificar $486,213.80 de su patrimonio familiar, según el informe de la auditoría hecha por la Sección de Probidad, de la CSJ.

Redacción: EP    Foto: FGR

La Cámara de lo Civil de la  Cuarta sección del centro de Santa Tecla recibió la mañana de este viernes la demanda civil por enriquecimiento ilícito contra el ex fiscal general de la república en los años 2012-2015 Luis Martínez González, su esposa Karla García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, por un monto de $486,213.80.

Así también la solicitud de medida cautelar;  es decir anotaciones preventivas en cuatro inmuebles a nombre del ex funcionario y su cónyuge.

Tras esto, la Cámara da por recibida la demanda y deberá estudiar su admisibilidad y si reúne los respectivos requisitos de ley, lo anterior en los términos de tiempo que la ley confiere. 

El proceso contra el ex funcionario inició en enero de 2017, luego que la Corte Suprema de Justicia informó a la Cámara de la Cuarta Sección del centro de Santa tecla sobre los hallazgos señalados en el informe de probidad, dando paso para que Fiscalía presentara la demanda civil en su contra.

Según la FGR la demanda contiene prueba documental, pericial y testimonial, entre estas constancias de salarios y registros contables que reflejan las cantidades que se le entregaban al ex funcionario mensualmente como Fiscal General, así como los sobresueldos injustificados que sirvieron para el pago de tarjetas de crédito. La Fiscalía cuestiona el pago de tarjetas de crédito hasta por $15 mil,  así como reportes de gastos de vida suntuosos provenientes de fondos públicos. En este caso, por  unanimidad de votos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 29 de noviembre de 2016, la apertura de un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Martínez, debido a que no pudo justificar $486,213.80 existentes en su patrimonio familiar, según el informe de la auditoría hecha por la Sección de Probidad, de la CSJ.

En un intento por justificar el origen del monto cuestionado, Martínez expuso de manera escrita que recibía un “sobresueldo” mensual de Casa Presidencial, que rondaba los $15 mil dólares. La CSJ no lo admitió como una justificación y ordenó el juicio.

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La División Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC), de la frontera de San Cristobal, en el occidente del país, incautó 174 paquetes de cigarrillos ilegales de marca Modern.

Redacción: EP     Fotos: Redes Sociales

Personal de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC) destacado en la frontera San Cristóbal, en el departamento de Santa Ana, incautó 174 paquetes de cigarros de la marca Modern, por el delito de contrabando de mercadería. Ceigarrillos3Principal

Según un comunicado de prensa emitido por la PNC, los paquetes que tienen 10 cajetillas de cigarrillos cada uno, estaban escondidos en el vehículo placas P-218649.

El vehículo fue localizado por los agentes, durante un patrullaje preventivo sobre la calle principal de la hacienda Seis Hermanos, caserío Cristalina, en Candelaria de la Frontera, en Santa Ana.

El contrabando de mercadería está tipificado en el artículo 15 de la Ley especial para sancionar infracciones aduaneras, con una pena de 6 a 8 años de prisión.

La PNC, a través de la División de Seguridad Fronteriza, trabaja de forma coordinada desde octubre de 2016 con la organización Crimen Stopper, instalando en su página www.tupista.info, un módulo de contrabando de cigarrillos, donde las personas pueden hacer sus denuncias.

Cigarrillos4PrincipalAsimismo, el pasado lunes 3 de julio, la División de Seguridad Fronteriza del Poy, a las 18:45 horas, procedió a la detención de José Eduardo Saravia Beltrán, de 26 años de edad, salvadoreño, por atribuirsele el Delito de Contrabando de Mercadería, tipificado en el artículo 15 de la LEPSIA, Incautando la cantidad de 40 paquetes de cigarrillo Modern.

La incautación fue de un total de 400 cajetillas de cigarros, así como un pick up marca Hilux, P-565222, donde transportaba el producto que se vende forma ilegal, en todo el país.

 

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