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Organizaciones de la sociedad civil interpusieron una denuncia en la PDDH para investigar a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por presunta violaciones de derechos humanos por la medida cautela en contra del SITRAMSS.

Redacción y Fotos: Marvin Díaz

La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por presunta violación a los derechos humanos. Las organizaciones consideraron que Sidney Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Rodolfo Gonzales, violentaron los derechos de los salvadoreños por la recién aprobada medida cautelar contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS). PDDHPrincipal 1

La ONG indicó, que la medida violenta el derecho humano al desarrollo integral de mujeres, personas con discapacidad y población que utiliza este sistema de transporte; en este sentido, la libre circulación por el carril segregado del SITRAMSS no permite que los autobuses articulados puedan transitar de una forma rápida y segura.

Leonel Herrera, representante de AGOSJU, detalló algunos derechos que podrían estar siendo violentado por esta medida. “La decisión vulnera derechos de la población, por ejemplo, la seguridad, la integridad física, entre otros. Los ciudadanos deben de tener un sistema de transporte rápido y seguro”, precisó.

Por su parte, Margarita Posada, representante de AGOSJU, indicó que el carril segregado era importante porque las ambulancias transitaban sin mayor dificultad. “Las ambulancias llegaban a tiempo a los hospitales y se atendía emergencias con prontitud; además los usuarios de centros de salud llegaban más rápido a sus citas a través del SITRAMSS”.

Ricardo José Gómez, procurador en funciones, recibió el escrito para su respectivo estudio y así emitir una resolución de la PDDH. “Nosotros le damos por recibido el documento y se analizará su contenido. Somos un ente que fiscaliza todo el aparato Estatal y administración pública, allí entra la Corte Suprema de Justicia”, expresó.

ASGOJU pidió a la PDDH, iniciar una investigación en contra de los magistrado y soliciten a los cuatro magistrados un informe sobre la medida cautelar emitida el 9 de mayo. También que la institución de derechos humanos declare por establecida la violación y emita una resolución de censura publica en contra de la actuación de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.