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Posturas encontradas se han generado en funcionarios del Estado en cuanto a las autodefensas y comprar de armamentos para las comunidades. Desde el financiamiento hasta judicializar los asesinatos de criminales son el "estira y encoge" de las autodefensas comunales. El Director General de la Policía Nacional Civil, Comisionado Howard Cotto, advirtió que estos grupos serán investigados.

 Por: Marvin Díaz            Fotos: Ernesto Martínez

La comunidad San José de la Montaña, municipio de Zacatecoluca, en La Paz, ha dado de qué hablar, esto luego que el Presidente de la Asamblea legislativa, Guillermo Gallegos, financiara con fondo económicos la compra de armas y sus respectiva licencias, con el fin que los pobladores brinden seguridad a la comunidad.

“En una legítima defensa o en defensa de algún miembro de la comunidad, los pobladores pueden utilizarla”, mencionó Gallegos.

El legislador añadió que los fondos que destinó para la compra del armamento son recursos personales. “Hice un aporte económico, aproximadamente fue de $2,000 dólares el aporte y son fondos de los que yo gano”, indicó Gallegos.

Según el Presidente del Congreso Legislativo, "el actuar de la comunidad, de organizarse y armarse, fue por el constante acoso de las pandillas que dominan la zona. Ellos (la comunidad) superaron el miedo”.

El Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), Comisionado Howard Cotto, los catalogó de sicarios a los grupos que participen en asesinatos de criminales. “Al final, estos grupos vienen convirtiéndose en grupos de sicarios. A cada grupo que participe lo vamos a investigar y a detener y serán sancionados por la ley”, advirtió Cotto.

Por otro lado, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, se mostró en contra del accionar de Guillermo Gallegos. “No estamos en un Estado de anarquía, somos un Estado democrático, las personas no pueden tomar la ley por su cuenta, no se puede”, enfatizó la Procuradora.

Mientras tanto, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Douglas Meléndez, sostuvo que no se procederá en contra de los miembros de la comunidad, argumentando que “la comunidad tiene derecho a defenderse de las pandillas que operan en sus zonas”, precisó Meléndez.

La comunidad San José de la Montaña se suma a otras comunidades que están implementando este escenario, una de esas son las comunidades del Bajo Lempa, municipio de Tecoluca, San Vicente.

 

 

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