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La mayoría de la ciudadanía salvadoreña conoce la Ley de Acceso de Información Pública y los entes que la regulan, a pesar de eso muy pocos hacen uso del Derecho de Información. Las alcaldías son cuestionadas por la poca accesibilidad a la información pública. Un 63% indicó conocer la ley; y un 52% de la población conoce un código Municipal. 

 Redacción: Marvin Díaz      Fotos: Redes

Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentó los resultados del estudio de utilidad de la Ley de Acceso de Información Pública (LAIP); el informe fue elaborado en los 14 departamentos del país, durante los últimos meses de 2016. El documento reveló diversos resultados.

Acerca del conocimiento de la existencia de la LAIP, un 63% indicó conocer la ley; y un 52% de la población conoce un código Municipal.  En cuanto al solicitar y recibir información pública, un 40% de la población lo reconoce o identifica como un derecho de la ciudadanía; un 38% indicó que es obligación de los funcionarios público e instituciones; mientras que un 19% como un deber ciudadano.

La población indicó, que el fomento de la LAIP se ha brindado muy poca información. Solo, el 14% identifica que se ha brindado información pública suficiente y un 68% indicó que no se está fomentando conocimiento de la ley y sus derechos. Ramon Foto 400x400

Ramon Villalta, secretario del ISD mencionó, que un tercio de la población conocen la institucionalidad y las oficinas de información y respuesta “un 27% conoces de las unidades de información pública” precisó. 

Un dato poco alentador, se refiere al poco uso que la ciudadanía le ha dado a la LAIP, un 8% de la población consultada declaró haber hecho usos del derecho a la información de este porcentaje el 3% ha recurrido a solicitar información a entidades públicas y un 5% a entidades municipales.

Villalta añadió que “estos datos muestran, si bien hay un conocimiento que las personas tiene de la ley, existe un número reducido de personas que hace uso de las instituciones que brinda la información pública”.

Las municipalidades han presentado problemas del acceso a la información pública, ejemplo de ellos es la no contestación de las llamadas en las alcaldías “al llamar como ISD a las 262 municipalidades, prácticamente el 52% de alcaldía respondieron; un 14% contesto la grabadora indicando que no existe el número y un 34% solo suena y suena sin contestación; esto limita el acceso a la información pública”, reiteró Ramon Villalta.

Las buenas prácticas de la LAIP es la desclasificación de la reserva por parte del Órgano Ejecutivo, entre 5,000 reserva clasificadas se pasó a 1,000. Otra de esas acciones es la inclusión del avenimiento como un mecanismo de ley que permite abreviar el proceso de apelación y denuncia.

Entre las malas prácticas se reflejan en incumplimiento de informar sobre el índice de reserva, la cultura de opacidad y el exceso del derecho de información por parte de la ciudadanía. La entrada en vigencia de la LAIP cumplió ya su sexto aniversario, tiempo que ha tenido altas y bajas dentro de la sociedad.

 

 

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